Por Stefanny Arias Montoya, Carolina Jacobo Estrada y María Sánchez Montes,

estudiantes de la Facultad de Derecho en la Universidad Científica del Sur.

El tráfico ilegal de fauna silvestre en Perú no sólo tiene un origen económico, también, cuenta con otros componentes como el tema cultural, y, por eso, se vienen tomando medidas como la “Estrategia Nacional para Reducir el Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre en el Perú Periodo 2017 – 2027” que contempla acciones para combatir estas causas culturales. El presente artículo resalta la importancia de sumarse a esta estrategia y de ir más allá, promoviendo el diseño de una política pública orientada a la educación ambiental que desde distintas aristas pueda originar un cambio dentro del aspecto cultural y social de la población peruana.

El tráfico ilegal de fauna silvestre es, después del tráfico de drogas, de armas, y la trata de personas, el cuarto negocio ilícito más rentable a nivel mundial. En Perú, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), actividades como el tráfico ilegal de animales silvestres está afectando nuestra diversidad, pues coloca en situación de amenaza a más de 300 especies en el país. (PUCP, 2021). Además, es también un riesgo para la salud pública. El 75% de todas las enfermedades infecciosas emergentes son zoonóticas, incluido el virus del SARS-CoV-2 que causó la emergencia sanitaria mundial de la COVID-19. (UNDOC, 2022). Todo esto es consecuencia de que los animales sean retirados de su hábitat natural, sacrificados y vendidos ilegalmente en condiciones sanitarias desfavorables, lo que origina que se genere un crecimiento potencial de transmisión de enfermedades zoonóticas que se transfieren de animales a humanos.

En nuestra realidad tenemos: el comercio de animales que incluye productos legales y especies autorizadas y, el tráfico que usualmente abarca especies amenazadas y cuya comercialización está prohibida. Ambas separadas por una línea tan delgada que, finalmente, lo que sucede es que el tráfico ilegal termina comercializándose a través de canales comerciales autorizados.

Al tráfico ilegal por fines meramente económicos y al riesgo sanitario latente por el desarraigo de los animales de su hábitat natural, hay que sumarle la práctica cultural. El tráfico ilícito de vida silvestre es originado por las costumbres y preferencias de los pobladores y el turismo. Estos actores consideran que esta es una actividad tradicional y desconocen las normativas que las regulan (Prevenir, 2021).

El tráfico ilegal de especies es un delito poco visible e incluso “normalizado”, sobre todo cuando se vincula al consumo doméstico de especies. (Prevenir, 2021). Asimismo, se advierte el uso de los animales o partes de sus cuerpos, en actividades como la curandería, chamanismo y preparación de brebajes. Esta situación hace indispensable encontrar y promover un balance entre los ritos tradicionales y la educación. Es necesario entender que estamos dándole prioridad a nuestras creencias ancestrales por encima del bienestar del hábitat del que somos parte. Entonces, ¿Qué podemos hacer como sociedad civil frente a esta amenaza que no sólo afecta nuestra biodiversidad y la salud de los ecosistemas, sino que, también es una amenaza para la salud pública? (Prevenir, 2021). Como sociedad civil debemos comprometernos sabiendo que este problema no se va a solucionar de un día para otro. Hoy se cuenta con una “Estrategia Nacional para Reducir el Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre en el Perú Periodo 2017 – 2027”, la cual contempla acciones educativas para combatir estos aspectos culturales que contribuyen al incremento del tráfico ilegal de especies. Es importante sumarse a esta iniciativa e ir más allá, promoviendo el diseño de una política pública orientada a la educación ambiental que desde distintas aristas pueda originar un cambio dentro del aspecto cultural y social de la población peruana.

Las acciones educativas deben focalizarse en áreas críticas, como la Amazonía Peruana, a fin de evitar que esta población siga siendo la que motive, promueva y mantenga este delito. Solo una ciudadanía activa hará realidad el cambio hacia el desarrollo sostenible. Se debe tener presente que no hay gestión ambiental sin participación ciudadana, por lo que nuestro objetivo es promover la política pública mencionada.

Tenemos avances recientes muy importantes, los cuales prometen ciertas mejoras en el tratamiento de las leyes que impactan directamente en el tráfico ilícito de vida silvestre. Tenemos así, el dictamen del proyecto de ley que incorpora un agravante del tráfico ilegal de especies silvestres cuando este es cometido por una organización criminal. En este caso, se aplica los alcances de la Ley Contra el Crimen Organizado (Ley 3200). El dictamen fue aprobado por el Congreso de la República el pasado 16 de junio, quedando ahora en las manos del Presidente de la República la decisión final que podría reforzar la tutela de estas especies, en nuestro territorio.

Queda evidenciado entonces, que es necesario e importante el rol de todos y cada uno de nosotros como ciudadanos, como también el rol de nuestros gobernantes, quienes son responsables de velar por el eficaz cumplimiento de la labor de las entidades competentes.  La suma de esfuerzos hará que se logre alcanzar un óptimo cuidado de nuestra biodiversidad, lográndose un balance necesario entre los ritos, tradicionales y costumbres propias de nuestra cultura para que vayan de la mano con la educación.


REFERENCIAS

  • Ministerio de Agricultura y Riego – Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. “Estrategia Nacional para Reducir el Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre en el Perú Periodo 2017 – 2027”.
  • Clima de Cambios (PUCP). Informe: Tráfico ilegal de fauna: un problema latente que no se detiene.
  • Proyecto Prevenir (2021). ABC del Tráfico Ilícito de Vida Silvestre.

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