Por Enfoque Derecho

  1. JNE recuerda que el 18 de agosto es el plazo máximo para resolver las tachas contra los candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2022.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció como plazo máximo el 18 de agosto para que los Jurados Electorales Especiales (JEE) resuelvan, en primera instancia, casos de omisión o falsedad en las Declaraciones Juradas de Hojas de Vida (DJHV) de los candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2022. Asimismo, Luis Alberto Sánchez, vocero de la entidad, informó que, hasta el 3 de agosto, los JEE deben publicar las listas oficiales de candidatos presentadas por las organizaciones políticas en su respectiva circunscripción, tras lo cual se inicia el periodo de tachas.

En ese sentido, de acuerdo al artículo 23 de la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), la exclusión del postulante procede siempre y cuando no consigne las sentencias condenatorias firmes que se le hayan imputado por delitos dolosos, incumplimiento de obligaciones familiares, contractuales, laborales o violencia familiar. Igualmente, ello sucede cuando el candidato no declara en la DJHV los bienes y rentas que posee, o incorpora información falsa sobre estos. No obstante, los JEE no pueden excluir a un postulante cuando la omisión de información corresponde a bases de datos o registros públicos a cargo de entidades del Estado.

Cabe precisar que, ante posibles apelaciones a los JEE fuera del plazo límite, será el Pleno del JNE el que dirima en última instancia hasta máximo el 2 de setiembre. Ello responde a la apelación como derecho constitucionalmente reconocido, lo cual en el ámbito electoral funciona de igual manera. Luego del vencimiento total de los plazos, solo se podrá efectuar anotaciones marginales en la DJHV del postulante y se remitirá los actuados al Ministerio Público para que proceda conforme a sus atribuciones.

Fuentes:


2. Lady Camones se convirtió en la nueva presidenta del Congreso con 73 votos a favor en segunda vuelta.

La legisladora del partido Alianza para el Progreso es la nueva presidenta del Parlamento para el Periodo Anual de Sesiones 2022-2023. En su mesa directiva, la acompañan la primera vicepresidenta Martha Moyano de Fuerza Popular, la segunda vicepresidenta Digna Calle de Podemos Perú, y el tercer vicepresidente Wilmar Elera de Somos Perú. Terminado el conteo en segunda vuelta, la lista de Camones obtuvo 73 votos a favor frente a los 52 de la lista liderada por Esdras Medina de Renovación Popular y conformada por Waldemar Cerrón de Perú Libre, Ilich López de Acción Popular y Katy Ugarte de Bloque Magisterial. De este modo, se espera que el Legislativo continúe con su rol de oposición al Ejecutivo.

En su discurso, la abogada ancashina de 46 años expresó que la gestión de la nueva mesa directiva se basará en el diálogo constante y la búsqueda de un consenso adecuado junto a reconocidos congresistas. Asimismo, destacó lo orgullosa que se encuentra al llegar a la máxima representación del Congreso, por lo que lo asumirá con mucha responsabilidad. En ese misma línea, señaló ser consciente de la crítica situación social, política y económica que atraviesa el Perú, por lo que no pudo obviar pronunciarse sobre la reciente entrega a la fiscalía del ex secretario del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco. Así, resaltó su compromiso en la lucha contra la corrupción, “caiga quien caiga».

Tras su elección, diversos políticos y parlamentarios se pronunciaron tales como César Acuña, líder de Alianza Para el Progreso, quien dijo que esta designación será tomada con responsabilidad a favor del control político y contra la corrupción, sin ningún tipo de blindaje. Por su parte, el derrotado Esdras Medina agradeció a las bancadas y congresistas que apoyaron su lista, y felicitó a la nueva presidenta. No obstante, otros personajes como Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, denuncian el agravamiento del transfuguismo en el Congreso dado los distintos grupos partidarios que conformaron la lista de la mesa directiva ganadora.

Fuentes:


3. Juez supremo dirimente dispuso que se elabore protocolo de eutanasia en caso Ana Estrada.

El 27 de julio, el juez supremo dirimente Carlos Calderón Puertas se unió a la posición de la mayoría de los magistrados respecto al protocolo de actuación médica en el proceso de amparo interpuesto por Ana Estrada, quien solicitaba una muerte digna al padecer de una enfermedad incurable, progresiva y degenerativa llamada polimiositis. De este modo, se resuelve definitivamente el caso, pues se completan los cuatro votos firmes requeridos para definir el extremo del protocolo y expedir la sentencia correspondiente. En los próximos días, será notificada la resolución, dado que aún no se cuenta con la redacción final y la firma de los jueces que han intervenido en el proceso.

Recordemos que la psicóloga peruana de 45 años alegó en el contenido de su demanda que el artículo 112 del Código Penal sobre el delito de homicidio piadoso vulnera su derecho a una muerte digna, así como demás derechos fundamentales a la dignidad, vida digna, libre desarrollo de la personalidad y a no ser sometida a tratos crueles e inhumanos. Así, tampoco terceros tendrían que ser procesados penalmente al momento de someterla al proceso de eutanasia. Esto es a razón de que su mencionada enfermedad le ha debilitado gravemente los músculos, incluso los respiratorios, por lo que se sometió a una traqueostomía y gastrostomía, cuyos resultados implicaron su dependencia diaria a una enfermera.

Tras este fallo final, se dispone lo siguiente:

    1. La inaplicación del artículo 112° del Código Penal vigente.
    2. Se ordene al Ministerio de Salud y a EsSalud respetar la decisión de Ana Estrada Ugarte, de poner fin a su vida a través del procedimiento técnico de la eutanasia.
    3. La Comisión Médica Interdisciplinaria de EsSalud, que elabore el plan y el protocolo, deberá presentar con su informe, en el plazo de 30 días después de su formalización, ante la Comisión Médica del Ministerio de Salud, la que procederá a su aprobación, en el plazo de 15 días.

Cabe precisar que no procedió la pretensión de que el Ministerio de Salud emita una Directiva que regule el procedimiento médico para la aplicación de la eutanasia en situaciones similares a las de Estrada.

Fuente:


4. Ministerio Público inició investigación contra el congresista Freddy Díaz por la presunta comisión del delito de violación sexual.

El miércoles 27 de julio, el congresista Freddy Díaz fue denunciado por una trabajadora del Congreso por violación sexual en la comisaría de San Andrés, en el Centro de Lima. La víctima afirma que el delito fue cometido cuando se encontraban bebiendo alcohol mientras conversaban de asuntos laborales en una oficina ubicada en el Jr. Azángaro. El parlamentario se habría aprovechado del estado de inconsciencia o en imposibilidad de resistir de ella. Ante esta situación, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables exhortó al Ministerio Público a intervenir conforme a sus atribuciones.

En ese sentido, el jueves 28 de julio, la Segunda Fiscalía Suprema Penal dispuso iniciar diligencias preliminares contra el congresista por Pasco. Actualmente, se encuentra como no habido ante su inasistencia al Congreso el 28 de julio para el discurso presidencial. Empero, a través de sus redes sociales, aseguró que se someterá a las indagaciones respectivas, pues es el primer interesado en que esta denuncia se investigue y aclare.

Cabe señalar que el partido Alianza por el Progreso (APP), mediante un comunicado, condenó las acciones del congresista, expulsándolo inmediatamente de la bancada. Asimismo, la Comisión de Ética del Congreso sesionará de manera extraordinaria el martes 2 de agosto, teniendo como único punto en agenda el mencionado tema.

Fuentes:


5. Congreso aprobó por insistencia la autógrafa de Ley que autoriza el cambio de contratos CAS-COVID a CAS regular al personal asistencial de salud.

El sábado 30 de julio, en su primera sesión extraordinaria de la legislatura 2022-2023, el Congreso aprobó con 105 votos a favor, dos en contra y cero abstenciones la Ley que autoriza, por única vez, en el marco de la emergencia sanitaria, el cambio de contrato CAS-COVID a contrato CAS regular al personal asistencial en el sector Salud. Cabe recordar que la norma había sido aprobada durante la sesión del 30 de junio, pero fue observada por el presidente Pedro Castillo, el 27 de julio, en “afectación al principio de coherencia normativa y los principios constitucionales presupuestarios”.

Durante el debate, el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, Wilson Quispe Mamani de Perú Libre fue quien planteó la insistencia y resaltó que todavía hay zonas que requieren el trabajo de manera extraordinaria de personal del sector Salud. Por ello, es necesario asegurar la provisión de la prestación de servicios del personal contratado por el Decreto Legislativo 1057. Agregó que “sería injusto e innecesario sacarlos del servicio público para que concursen con otros que tal vez no ayudaron a superar la pandemia, sobre todo cuando ya tienen más de dos años desempeñando dicha función y existe, a la vez, la necesidad de (contar con) profesionales (como ellos)”.

El alcance de la norma comprende al personal asistencial y administrativo con contrato CAS-COVID, que labora en el Ministerio de Salud, sus organismos públicos, gobiernos regionales, sanidades de las Fuerzas Armadas, sanidad de la Policía Nacional del Perú y el Seguro Social de Salud (EsSalud).

Fuentes:

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here