Por Enfoque Derecho.
Con 59 votos a favor, 29 en contra y 19 abstenciones, el pleno del Congreso aprobó la moción para interpelar al ministro de Energía y Minas, Óscar Vera Gargurevich, el jueves 08 de junio, presentada por la bancada de Fuerza Popular, para que responda el pliego interpelatorio de 29 preguntas por la presunta omisión de sanciones administrativas en su declaración jurada al momento de asumir el cargo ministerial, la reunión con el exalcalde que formaría parte de una organización criminal, entre otros motivos.
Como se recuerda, el programa dominical Panorama reveló que Vera omitió reportar en su hoja de vida con dos sanciones administrativas hasta en dos oportunidades. De acuerdo con el reportaje, la primera sanción ocurrió cuando el ministro trabajaba en Petroperú en 2019, luego de una remodelación de una vivienda de dicha compañía en la que él vivía en Iquitos, pese a que no podía firmar decisiones de una empresa del Estado que lo favorecía directamente. Por otro lado, en 2020, Vera recibió una notificación correspondiente a otra sanción disciplinaria, luego de haber avalado procesos administrativos irregulares vinculados al viaje al extranjero de dos funcionarios públicos.
Asimismo, Panorama reveló que tres asesores del ministro de Energía y Minas registran denuncias policiales por casos graves. En primer lugar, César Sandoval Pozo, el jefe del Gabinete de Asesores del MINEM, habría sido acusado de violencia familiar por su pareja. En segundo lugar, Ricardo Velásquez Ramírez, actual secretario general del mismo sector, presenta una denuncia policial por violencia de la libertad sexual y otros actos contra el pudor. En tercer lugar, Giancarlo Mendoza Fernandini, consultor del despacho ministerial, fue detenido por realizar maniobras temerarias en 2009. Finalmente, el programa también reportó que el pasado 30 de agosto de 2021, visitó al entonces presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, en supuesta compañía de José Nenil Medina Guerrero, exalcalde de Anguía, quien se encuentra cumpliendo 30 meses de prisión preventiva por su participación en la presunta organización criminal que estaría liderada por el ex mandatario presidencial.
Por ese motivo, el 11 de mayo del presente año, tras la publicación del reportaje, el procurador general del Estado, Daniel Soria, denunció al ministro ante la Fiscalía de la Nación, por el presunto delito de omisión de consignar declaraciones en documentos en agravio del Estado. De esa manera, el procurador solicitó al despacho de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que se inicie una investigación preliminar para que se realicen una serie de diligencias.
De ese modo, durante la sustentación en el pleno, la congresista Patricia Juárez señaló que, por todo lo expuesto anteriormente el ministro habría contravenido gravemente la Ley del Código de Ética de la Función Pública, puesto que habría actuado en contra del principio de transparencia y de probidad. Por su parte, consideró que si bien el ministro había actualizado el documento y admitido que había cometido acciones prohíbidas, pero, aún así, incumplió sus obligaciones, incurrió en infracciones, creó perjuicios laborales y no respetó los procedimientos respectivos.
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