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Desde el 2008, la producción de energía mediante el uso de recursos energéticos renovables se viene incentivando en el Perú. A fin de fomentar la diversificación de la matriz energética, se creó un régimen regulatorio que permitiese el desarrollo de producción de energía empleando fuentes renovables, incentivando de este modo, la presencia de inversión privada en el sector.
La informalidad en el Perú no solo se manifiesta en el ambulante que vende en la calle o el dueño de un negocio que no tiene a su trabajador en planilla, también está en la forma como gestionamos nuestros impactos ambientales. Este fenómeno ha sido estudiado desde varias disciplinas, típicamente la economía y otras ciencias sociales. Siguiendo las noticias de la semana pasada, caigo en la cuenta de que la informalidad es tan generalizada que no sorprende verla a la luz del derecho ambiental también.
"Cuando se tenga que modificar una propuesta de medida una razón objetiva la afectación de un derecho colectivo que requiere ser cambiado. Puedes encontrar que en el proceso ambientemente todo está bien, pero que se pueda afectar una tradición o una costumbre muy importante. Es tan técnico como un estándar ambiental, pero lo que se protege es la identidad cultural como otro bien que requiere por parte del Estado un nivel de protección."
En las últimas décadas las ciudades han crecido de manera considerable, en especial Lima por causa de la migración desde zonas rurales. El resultado es que cada vez más gente vive rodeada de concreto y se pierde de vista qué tanto dependemos e influimos con nuestras decisiones en el entorno que nos rodea.
La principal pregunta que nos debemos hacer no tiene una respuesta clara y contundente, ¿merece la pena el esfuerzo invertido en el reciclaje? La respuesta dependerá de la industria en que nos encontremos, de la escasez relativa del recurso en cuestión, de la dificultad en separar y aprovechar las materias primas contenidas en los bienes desechados, etc. Es decir, depende de las circunstancias relativas al tiempo y lugar. Lo que ayer pudo ser una combinación muy efectiva para conseguir un fin concreto, hoy puede no serlo ya más.
Algunas preguntas cuyas respuestas que aún no están del todo claras son: ¿existe un titular del servicio ambiental? Y si lo hay, ¿quién es? ¿Quién es el propietario del carbono almacenado en los bosques? ¿Lo es el propietario de la tierra sobre la que crece aquel bosque? ¿El concesionario forestal, sobre su bosque dado en concesión? ¿El Estado, sobre cualquier bosque? ¿El titular de un contrato de administración, sobre el bosque en el área natural protegida que administra? Y si los particulares son los titulares, ¿pueden obligarse contractualmente a “no deforestar” a pesar de que eso ya está prohibido por Ley en la mayoría de casos?
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