Por Gilberto Mendoza del Maestro, profesor de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se le atribuye a George Santayana la frase “Quien olvida su historia, está condenado a repetirla”, la cual grafica los diversos escenarios en los...
Por Renato Constantino, investigador del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP. Escuchar Glory mientras se lee Cuando el director de EnfoqueDerecho me pidió que hablase sobre Brown v. Board of Education, me sentí halagado… como por un segundo. Luego...
MG: ¿Para el momento en que inicia la Guerra del Pacífico (1879), existía algún instrumento de Derecho Internacional Humanitario que exigiera a los Estados involucrados en ese conflicto bélico la salvaguarda de las víctimas de la guerra – náufragos, prisioneros de guerra, heridos, enfermos? ES: Para el momento en que inicia la Guerra del Pacífico existían en el Derecho Internacional algunos instrumentos muy iniciales e incipientes sobre las obligaciones que tenían los Estados parte del conflicto respecto a las víctimas del mismo. En ese sentido, el Convenio de Ginebra del 22 de agosto de 1864 para el mejoramiento de la suerte de los militares heridos en los ejércitos estableció el deber de los Estados de recoger y cuidar a los militares heridos, sin importar la nación a la que perteneciesen (Artículo 6). El Perú ratificó este tratado en 1880.
Marco Gamarra Galindo, alumno de la Facultad de Derecho de la PUCP y miembro del Consejo Editorial de Enfoque Derecho, entrevista a Antonio Zapata, historiador y catedrático de la PUCP, sobre la historia del derecho al sufragio de la mujer en el Perú, a propósito de que el pasado 7 de septiembre se cumplió un año más desde que se promulgó, en 1955, la Ley 12391, norma que dio carta de ciudadanía a la mujer peruana y le otorgó, por primera vez, el derecho a voto en las elecciones presidenciales. Aunque la medida no reconoció el derecho a todas las mujeres (entiéndase que solo lo reconocía a las mujeres mayores de edad -21 años- y a las casadas mayores de 18 años que supieran leer y escribir), esta medida legislativa constituyó un avance importante para promover la participación de la mujer en la vida democrática del país.
Seguramente, usted ha escuchado hablar sobre si la ley de la “unión civil no matrimonial” debe ser aprobada o no, para que las personas que no tienen garantizado un derecho puedan tener posibilidades igualitarias; como también debe haber escuchado sobre la nueva ley universitaria que se propone mejorar la calidad de los centros de estudios aplicando una serie de medidas. ¿No se ha puesto a pensar si estas dos leyes tienen algo en común? La Historia del Derecho tiene la respuesta: sí, tienen mucho en común, porque estas dos leyes se enmarcan dentro de una larga tradición que ha existido en nuestro país. ¿Cuál es?
La educación jurídica[1] en la mayoría de las Universidades peruanas, si es que no en todas, tiene un rasgo particularmente común: forma técnicos legales. Los jóvenes estudiantes de las distintas Facultades de Derecho son adiestrados en la selección de normas y en la aplicación de estas de acuerdo al caso planteado, de manera que estarán preparados para los casos que se les podrían presentar a lo largo de su carrera. En este momento, la Facultad deviene en un laboratorio, en donde se les muestra a los alumnos la fórmula (el trinomio caso-norma-aplicación) que se debe aplicar y luego egresan de estas Facultades creyendo que “saben Derecho” [2]. En este sentido, de acuerdo a esta educación, el egresado aplicará una determinada norma cuando sea pertinente, porque así lo exige la circunstancia. Cuando se trate de otra, evidentemente, aplicará otra norma, o tal vez una sentencia de observancia obligatoria, que en la práctica será como aplicar otra norma más. Y si se cambia la legislación, habrá que acomodarse a la nueva legislación en los casos que prevé. Esto podría darse per secula seculorum. Sin embargo, si de esto se tratara ser abogado, las Facultades de Derecho carecerían de sentido, porque para formarse solo haría falta un instructor que maneje la “técnica” (la elección de la norma a aplicar para el caso concreto) y podríamos obtener “abogados” como si se tratara de una producción industrial.
Cuando hablamos de revolución cultural creo poder hacer una distinción entre dos perspectivas: la cultura como instrumento de la revolución, y la revolución como instrumento de la cultura.
En épocas de la independencia, tanto España como el Perú vivían profundos procesos de cambio político y social. La metrópoli española estaba profundamente debilitada por la crisis económica, por la invasión napoleónica y por el deterioro de un modelo monárquico absolutista que urgía reformas, tanto en Europa como en el nuevo mundo.
Hasta hace poco, la homosexualidad era algo que se consideraba vergonzoso y que se mantenía en reserva. Pocas personas se identificaban a sí mismas como gays o lesbianas a pesar de que la homosexualidad es un fenómeno muy antiguo y que tiene amplio reconocimiento en la cultura occidental. Hasta hoy se discrimina a los homosexuales y, en muchos lugares, se les reprime con la violencia
La “alienación”, para Marx, no tiene nada que ver con la cháchara de moda entre los intelectuales marxistoides de finales del siglo XX. No significaba un sentimiento psicológico, de ansiedad o extrañamiento, del cual podría culparse de alguna forma al capitalismo o de una “represión” cultural o sexual.

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