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Por José Enrique Sotomayor Trelles, abogado por la PUCP y Adjunto de Docencia de los cursos de Seminario de Teoría General del Derecho y Seminario de Derecho Constitucional en la PUCP. Luego de un prolongado hiato académico, el profesor Guido Calabresi...
En los últimos días, se ha comentado mucho la posibilidad de aumentar el sueldo mínimo en nuestro país en dos tramos de s/.75. En efecto, se rumoreó que uno de los temas que el presidente Humala iba a mencionar en su mensaje a la nación era el incremento de la remuneración mínima vital[1], pero que finalmente se dio marcha atrás. No obstante, de acuerdo a ciertas declaraciones de algunos ministros –pese a que algunos han señalado que el momento no es propicio - y del mismo Presidente, el tema aún está en discusión y evaluación. En caso no se llegue a un acuerdo en el Consejo Nacional del Trabajo[2], será el Jefe de Gobierno quien tome la decisión de adoptar o no la medida. En ese sentido, se han alzado numerosas voces discutiendo si realmente es oportuno y viable incrementar el sueldo mínimo dado el contexto actual.
Cuando recién empezó el gobierno, mandó algunas señales buenas sobre estabilidad económica. Lo que pasó después fue que el gobierno puso cada vez más trabas a la inversión privada y eso explica que esta haya caído a lo largo de estos últimos años. Esto se da desde la publicación de la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo, luego con el incremento de las regulaciones laborales, y después con otras restricciones que aumentan la tramitología para los inversionistas. En los últimos años se ha intentado levantar algunas de las trabas que se han presentado; parte de esto lo ha querido hacer el Ministerio de la Producción con Piero Ghezzi, pero en realidad todavía falta avanzar muchísimo. Sobre la diversificación productiva, si bien el plan del ministro Ghezzi tiene puntos interesantes, no ataca lo medular, que es la facilidad para hacer empresa en el país, lo cual lleva a la diversificación. Respecto de la competitividad, es más o menos el mismo tema que en la inversión privada.
El pasado 18 de junio, el Congreso de la República promulgó, pese a las observaciones realizadas por el Poder Ejecutivo, la ley que establece de manera permanente que las gratificaciones no estarán afectas a aportaciones, contribuciones o descuentos. La norma implica que se abonará directamente al trabajador el 9% de su remuneración, antes destinado como aporte al Seguro Social (EsSalud). Ante esta coyuntura, el presente editorial analizará la norma en cuestión.
En el Perú, los derechos de uso de agua son otorgados para una actividad y lugar determinados con carácter intransferible. Sin embargo, los lugares y actividades a las que se destina el agua otorgada son libremente comercializables. Al respecto, ¿cómo se condicen el Derecho y la Economía?
El tema que voy a tratar no es coyuntural, aunque la primera parte del título sí lo es. No es novedoso, sin embargo describe una situación actual. El ámbito de aplicación territorial de un tratado determina, en el caso de las inversiones, si la ubicación geográfica de estas hace que estén protegidas por el acuerdo. El determinar el territorio sobre el que se aplica un tratado de inversión es un tema relevante.
Por segunda vez, la inversionista de nacionalidad francesa Renée Levy demandó al Perú ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (en adelante CIADI) y, nuevamente, nuestro país salió airoso. El Tribunal del CIADI decidió que no podía ejercer su jurisdicción sobre la diferencia que le planteaban la señora Levy y la empresa Gremcitel. Además, ordenó que las demandantes asumieran los costos del arbitraje y le pagarán al Perú 1.5 millones de dólares por honorarios legales y otros gastos en los que nuestro país incurrió con motivo del arbitraje.
Imagínese que va a comprar una muñeca para regalarle a una sobrina. Pregunta en distintos sitios por una Barbie negra y, para su sorpresa, se entera de que en el mercado local no la hay. Ante esto, se indigna y estima que es una conducta discriminatoria. Al fin y al cabo: ¿por qué no venden barbies negras? ¿Acaso los negros no tienen derecho a tener sus barbies?
En el preludio de una profunda recesión económica, el 2015 no se muestra prometedor para Rusia. La caída internacional del precio del petróleo amenaza al sector de hidrocarburos, mientras que el rublo se ha devaluado en más de 60% con respecto al dólar durante el 2014. El 29 de diciembre, el Ministerio de Economía anunció que el PBI había caído 0.5% interanual en noviembre, la primera contracción desde el 2009. Frente a esta situación, Vladimir Putin y su gobierno han decidido culpar a las sanciones impuestas por los Estados Unidos y la Unión Europea. Sin embargo, es la irresponsable gestión de las empresas estatales – sobre todo las del sector petrolero y gasífero – la que ha puesto a Rusia al borde del precipicio, y Putin parece dispuesto a empujarla.
JI: Es una relación que no es fácil de establecer, porque hasta ahora se han planteado las cosas de manera predominantemente polarizada. Por ejemplo, generalmente se establece que el desarrollo económico es incompatible con la continuidad y sostenibilidad ambiental. Asimismo, se dice que la lucha contra la pobreza y el desarrollo humano se logran a través del uso de recursos naturales y materias primas que van agotándose y que no se renuevan, destruyendo muy a menudo la naturaleza.

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