El ordenamiento jurídico considera que no están en capacidad de darse cuenta, de ser conscientes, de lo malo de su conducta. Se presume que una persona menor de 18 años no está capacitada para entender que lo que está haciendo es malo para el ordenamiento jurídico. Por esa razón, se considera que no se le puede atribuir o imputar delitos, y por eso es que jamás se le podría imponer una pena privativa de la libertad o una sanción penal (los menores no son reprochables jurídicamente). Al menor que comente una infracción a la ley penal, no se le imponen penas, sino medidas de seguridad, entre las que se encuentra la medida de internamiento; esta medida no se aplica en una cárcel, sino en un Centro de Menores que tiene objeto buscar de alguna forma educar y apoyar al menor para que éste pueda integrarse a la sociedad. Este internamiento no es una sanción penal.
RC: Con el tema de Utopía se pusieron de manifiesto dos teorías sobre el dolo: la cognitiva y la volitiva. Si bien estas teorías son parte de la dogmática penal, en la jurisprudencia peruana no era usual hacer la distinción, inclinándose tácitamente hacia una teoría volitiva del dolo. La teoría volitiva del dolo, considera a éste como conocimiento más voluntad (una persona actúa porque quiere matar a alguien y conoce que con un balazo lo va matar, disparándole). La teoría cognitiva del dolo establece que el dolo se compone de un único elemento: el cognitivo (conocimiento), no tomando en cuenta el elemento volitivo del mismo; así, si una persona se representa la posibilidad de que disparar una pistola puede matar a alguien, nos encontraremos frente a una actuación dolosa. A efectos probatorios, la gran diferencia es que con la teoría cognitiva del dolo, ya no es necesario probar si el sujeto quería o no matar a alguien, sino que basta con probar la posibilidad del conocimiento para establecer una imputación a título de dolo.
En estas últimas semanas, las redes sociales de nuestro país han sido agitadas por graves noticias relacionadas al maltrato animal. Así, en los primeros días de febrero se difundió un video en Youtube en el que aparece un joven ahorcando a un pequeño gato y se burla de este acto. Diversos grupos de activistas lograron identificar al responsable y organizaron una manifestación frente a su casa, lo que motivó que el padre del “gaticida” reconociera que fue él quien subió el video a Internet para demostrar cuánto afectan los problemas familiares a los adolescentes. Al poco tiempo, su abogado no sólo justificó su conducta y reprochó la agresión sufrida (golpe en la cabeza con un megáfono) sino que además comparó la actuación de los defensores de los animales con una supuesta frase de Hitler: “Cuanto más amo a mis animales (…) más odio a los seres humanos”. Lamentablemente, el letrado varió la frase pues ésta fue acuñada por el filósofo griego Diógenes de Sinope: “Mientras más conozco a la gente, más quiero a mi perro”.
Romy Chang, abogado y socia del Estudio Padilla & Chang Abogados, nos cede esta entrevista para hablarnos acerca de Ley 30101, también conocida como “Ley Antauro”
José Ugaz, abogado especializado en Derecho Penal, nos habla acerca del caso del criminal estadounidense Charles Manson. El rol de las enfermedades mentales en el Derecho Penal, la incitación al crimen y la resocialización son algunos de los elementos tratados en este episodio.
En esta oportunidad, Julio Rodriguez, abogado por la PUCP y socio del Estudio Forsyth, nos habla sobre la evolución y situación actual del caso Fefer.
El caso “Chavín de Huantar” debe ser la expresión más reciente de cómo la política mete sus narices en las decisiones judiciales. El contenido y fallo de la sentencia emitida el 15 de octubre por la Tercera Sala Penal Especial Liquidadora de la Corte de Lima expresa eso nítidamente.
Comparando la influencia del AED en otros ámbitos, es evidente que los penalistas del civil law han subestimado y rechazado apriorísticamente la metodología.
En esta oportunidad podremos conocer más a fondo la sentencia del grupo Colina, los requisitos para la constitución de un crimen de lesa humanidad y la aplicación de los beneficios penitenciarios.
Desde nuestro punto de vista, la problemática de la aplicación del tipo de apropiación ilícita agravada o del tipo de peculado por extensión para supuestos de apropiación de bienes por parte de un depositario judicial debe ser resuelta con los criterios dogmáticos del concurso aparente de delitos.

SECCIÓN BLOGGERS

SÍGUENOS

29,973FansMe gusta
6,786SeguidoresSeguir
6,080SuscriptoresSuscribirte

PUBLICACIONES RECIENTES